El Partido Revolucionario Dominicano denuncia responsablemente a la opinión pública nacional e internacional que el gobierno del Presidente Leonel Fernández está interviniendo los teléfonos de dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Dominicano, en flagrante violación a la Constitución de la República y al Código Procesal Penal, que claramente protegen los derechos civiles y políticos de los dominicanos.

Conforme a las documentaciones que tenemos en nuestro poder, copia de las cuales suministraremos a todos ustedes, los números de teléfonos móviles del Presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Alburquerque; Alfredo Pacheco, Vicepresidente y Director Político de la Campaña; Rafael Báez Pérez (Cucuyo), Sub-Secretario de Relaciones Internacionales; y Pastora Méndez, Sub-Secretaria de Finanzas. Adicionalmente, el teléfono móvil del Mayor General Rafael Guerrero Peralta, Policía Nacional, Jefe de la Seguridad del Candidato Presidencial, Miguel Vargas, está intervenido.

Lo mas grave aun, debido a que el fiscal en cuestión ha suplantado los reales propietarios de dichos móviles por otras personas a quienes les ha instrumentado falsos expedientes y así justificar la petición de intervención.

Mencionó algunos ejemplos tales como el numero 809′2225671 de Alfredo Pacheco a nombre de Francisco Castro MENA, el 809′258′9030 de Ramón Alburquerque lo solicitaron a nombre de Felipe Heredia, el 809-756-0010 del General Guerrero Peralta lo solicitaron a nombre de Domingo Pascual Lorenzo.

Para hacer estas interceptaciones, el gobierno se está valiendo del Lic. José Miguel Cabrera, Magistrado Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y que hace las solicitudes de la “orden judicial de intervención telefónica”, utilizando nombres falsos o distintos a los reales propietarios de los números de teléfonos celulares y acusándolos de violar la Ley sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.

Lo más grave es que la justicia, a través del Juez de Instrucción del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo, Magistrado Francisco A. Arias Valera, las ha autorizado, mediante las Órdenes o Autos Nos. 5938-ME-2008 y 5939-ME-2008, de fecha 4 de mayo de 2008, es decir, de hace cuatro días.

El Juez las ha autorizado, sin hacer ningún tipo de investigación sobre la veracidad de las informaciones que le suministra el Magistrado Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo.

El Partido Revolucionario Dominicano informa, adicionalmente, que tenemos en nuestro poder una lista de los teléfonos móviles de reconocidos dirigentes de nuestra organización que, bajo el mismo mecanismo, están siendo adicionalmente interceptados por el gobierno, como son los móviles del Candidato Presidencial, Miguel Vargas; el Candidato Vicepresidencial, José Joaquín Puello; el Secretario General, Orlando Jorge Mera; José Leonel Cabrera (Neney), Diputado y Director de Campaña; Rafael Suberví Bonilla, Ex Secretario General; Virgilio Bello Rosa, Delegado ante la JCE; Milton Ray Guevara, Vicepresidente; Emmanuel Esquea Guerrero, Ex – Presidente del partido; Geanilda Vásquez, Regidora y Secretaria de Asuntos con la Sociedad Civil; Elena Salazar, Secretaria del Candidato Presidencial; y los compañeros Lorenzo González Bello y Cristian Cury Rosario, asistentes del Candidato Presidencial.

También, tenemos conocimiento de que destacados dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, entre ellos, el Presidente del partido, Federico Antún Batlle; el Secretario General, Víctor Gómez Casanova; Ramón Rogelio Genao, Diputado y Director de Campaña, y Julio Cury David, Director del Sector Externo de ese partido, están siendo intervenidos por el gobierno.

Sin el conocimiento de los afectados, y sin ninguna justificación legal, y solo con el propósito de escuchar las conversaciones de los Candidatos Presidenciales y de los dirigentes políticos de la oposición con el fin de sacarle provecho político a favor del Candidato Presidencial reeleccionista, Leonel Fernández.

Esta grosera violación a los derechos constitucionales, civiles y políticos cometida por el gobierno del presidente Leonel Fernández confirma el alto grado de degradación institucional que ha sometido esta Administración al pueblo dominicano, que el Partido Revolucionario Dominicano no la permitirá.

En ese sentido, nuestra organización política exige que la Suprema Corte de Justicia ordene una investigación inmediata de esta denuncia, y advierta a los Jueces de Instrucción sobre el cuidado que debe observarse al momento de analizar las solicitudes de intervención telefónica que les formula el Ministerio Público, que es un subordinado político del Presidente Leonel Fernández.

Adicionalmente, el Partido Revolucionario Dominicano comunicará esta denuncia a la Organización de Estados Americanos, a la Junta Central Electoral y a las diferentes organizaciones de la sociedad civil.

El 16 de mayo de 2008, el pueblo dominicano tendrá la oportunidad, con su voto, de descontinuar estas prácticas violatorias de los derechos civiles y políticos, que tanto sudor y sangre le han costado al pueblo dominicano.

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