El coordinador del sector externo del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Julio Cury, denunció que la secretaría de Obras Públicas “está financiando intervenciones ilegales de teléfonos de dirigentes reformistas y perredeístas”.

Sostuvo que esa institución, a través de una empresa contratada “grado a grado” para que supuestamente limpie los túneles y pasos a desnivel del Distrito Nacional, “le ha estado pagando sumas millonarias a un personero de bochornosa celebridad que no ha hecho en su vida otra cosa que espiar conversaciones privadas y dedicarse al chantaje”. Cury recordó que con esa práctica se viola el artículo 8, numeral 9 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos.

Son inviolable

Las conversaciones telefónicas “son secretas e inviolables, y salvo que sean judicialmente autorizadas según lo exige el artículo 192 del Código Procesal Penal y el reglamento dictado por la Suprema Corte de Justicia, nadie puede intervenir teléfonos ajenos”.

Las claves

Ofensa a la privacidad

Las intervenciones de teléfonos a ciudadanos constituyen una ofensa a la privacidad que pone en entredicho el Estado de Derecho en el país.

El Pretexto

El pretexto esgrimido de que se busca limpiar los túneles, no tiene otro objetivo que el de espiar a los perredeístas y a los reformistas.