El movimiento cívico Participación Ciudadana aseguró este jueves que el proceso de preparación de las elecciones marcha adecuadamente, y que hasta este momento no son previsibles obstáculos importantes al éxito de los comicios en los aspectos organizativos.

Las consideraciones están contenidas en su segundo informe donde estima que el principal problema de la presente campaña electoral es el uso incorrecto de recursos públicos en actividades proselitistas y, además, las acusaciones de corrupción que intercambian los candidatos.

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“Durante el mes de marzo siguieron publicándose en la prensa comunicados con consigna políticas, propaganda política de radio y televisión, y fotos de campaña del presidente Leonel Fernández, pagada por organismos del Estado, como son Obras Públicas, secretaria de Agricultura y el Instituto de Recursos Hidráulicos”, dice

Observa además, que los partidos mayoritarios no han presentado programas de gobierno, ni informes de los recursos que reciben ante la Junta Central Electoral (JCE), como lo dispone la Ley, aunque se debe hacer la salvedad, que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) cumplió con ese requisito este jueves antes el tribunal de comicios.

Además, la entidad lamenta la continuación de prácticas clientelistas, evidenciadas en la distribución de dinero en las actividades partidarias, y dice que en el proceso ha estado ausente la falta de propuestas y de transparencias.

Explicó que al concluir el mes de marzo, la campaña electoral se ha circunscrito en denunciar el uso abusivo de los recursos del Estado, y la denuncia del transfuguismo por parte del partido oficial.

Dice al finalizar el mes de marzo, ningunos de los tres partidos mayoritario que participan en la campaña ha presentado explícitamente un programa de gobierno que motive a los electores, y que sólo hacen promesas aisladas.

Observa que el artículo 45 de la Ley Electoral dice que a más tardar 60 días antes de las elecciones, los partidos que están en la contienda políticas deben presentar su estado financiero, pero señala que no se sabe si la JCE reclamará el cumplimiento de la misma, antes de entregar a los partidos 1,060 millones de pesos para la campaña electoral.

El movimiento cívico afirmó que en estos momentos, el mayor problema de las presentes elecciones ha sido el uso abusivo de los recursos del Estado en acciones proselitistas.

Pero al respeto, indican que el debate nacional sería más constructivo si los partidos presentarán sus planes de gobierno, actuaran con transparencia y los candidatos detallaran sus bienes y dijeran sus procedencias.

Al referirse a la violencia electoral y transfuguismo, explicó que sólo han ocurrido dos hechos violentos: uno en febrero en Hato Mayor y otro en marzo en Azua, donde tres militantes del PRD fueron heridos de bala al paso de una caravana en la que participaba el Presidente Leonel Fernández.

En esa ocasión los dos partidos negaron ser responsables de los hechos acusándose mutuamente, y la JCE pidió evitar que ese hecho se convierta en detonante de una espiral de violencia política y llamó a una reunión urgente de los partidos para evitarlo.

Nominillas de CB

En cuanto las nominillas de los Comités de Base, denunciado por un reportaje de la periodista Nuria Piera, el PLD dijo que los pagos eran compensación por trabajos realizados en ocasión de las tormentas que afectaron el país, aunque luego se estableció que datan del 2005.

“La Cámara Administrativa de la JCE reaccionó, después de obtener copias del reportaje, emitiendo la Resolución 001/2008, la cual consideramos como una medida positiva, al prohibir esa práctica”, señala el documento.

Participación Ciudadana dice en su informe que el artículo 47 de la Ley Electoral prohíbe de manera expresa que los militantes de los partidos reciban recursos del Estado a menos que sea el pago de un trabajo específico.

Dijo que en el caso de las nominillas, el Estado se está convirtiendo en parte del sostén de la organización interna del partido de gobierno. “Esto, además de ser ilícito, vulnera el principio de igualdad que debe regir entre las fuerzas políticas”, expresa. A continuación la síntesis del informe:

Síntesis Segundo Informe de Observación Electoral

Elecciones Presidenciales 2008 - Consideraciones generales

Lo más relevante de la campaña electoral durante el mes de marzo ha sido el incremento de la crispación política al aumentar en cantidad y vigor las denuncias de uso abusivo de recursos estatales y la promoción del transfuguismo por parte de la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encarnada en el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández.

Durante el mes siguieron publicándose en la prensa comunicados con consignas políticas y fotos de campaña del presidente de la República y propaganda política de radio y televisión pagada por organismos del Estado como las secretarías de Agricultura, Presidencia y Obras Públicas, y el Instituto de Recursos Hidráulicos.

En seguimiento al cumplimiento del Código de Ética Electoral presentado por Participación Ciudadana, nuestro observadores pudieron constatar el uso indebido de recursos del Estado, al comprobar que vehículos oficiales están siendo utilizados en la campaña y que se aprovechan instalaciones de instituciones públicas para realizar proselitismo electoral, como lo es el caso de la Liga Municipal Dominicana (ver fotos, anexo 1). Es lamentable además, la continuación de prácticas clientelares en la campaña, evidenciadas en la distribución de dinero en las actividades partidarias.

La crítica al uso de recursos estatales en la campaña y la pobreza del debate político fueron objeto de editoriales y artículos en los diarios, y en programas periodísticos de radio y televisión y hasta ocupó la atención de los oradores religiosos durante la Semana Santa.

La organización de las Elecciones

El proceso de preparación de las elecciones marcha adecuadamente. Hasta este momento no son previsibles obstáculos importantes al éxito de los comicios en los aspectos organizativos.

La falta de propuestas y de transparencia en la campaña electoral

La campaña electoral siguió caracterizándose por su escaso contenido propositivo. Al concluir el mes de marzo, ninguno de los partidos ha presentado formalmente un programa de gobierno y el discurso se limita a hacer promesas inconexas.

Los partidos, en desacato de la Ley Electoral, no han presentando sus Estados financieros y detalles sobre el gasto de los recursos que reciben del Estado, como dispone el artículo 45 de la Ley Electoral, a más tardar 60 días antes de las elecciones. Se ignora si la JCE reclamará el cumplimiento de esta obligación antes de entregar a los partidos el financiamiento de ley.

El principal problema de la presente campaña electoral es el uso incorrecto de recursos públicos en actividades proselitistas y, además, las acusaciones de corrupción que intercambian los candidatos. El debate nacional sería más constructivo si los partidos presentaran sus planes de gobierno, actuaran con transparencia y los candidatos detallaran sus bienes y explicaran su procedencia.

Violencia electoral y transfuguismo

Contrario a lo ocurrido en ocasiones anteriores, la violencia no ha sido un problema mayor en el presente proceso electoral. Sólo han ocurrido dos hechos violentos: uno en febrero en Hato Mayor y otro en marzo en Azua, donde tres militantes del PRD fueron heridos de bala al paso de una caravana en la que participaba el Presidente de la República y candidato del PLD. Los dos partidos negaron ser responsables de los hechos acusándose mutuamente. La JCE pidió evitar que ese hecho se convierta en detonante de una espiral de violencia política y llamó a una reunión urgente de los partidos para evitarlo. Pidió también al procurador fiscal de Azua que investigue los hechos para determinar las responsabilidades penales. Según informaciones recibidas por Participación Ciudadana, estas investigaciones se encuentran paralizadas.

Nóminas “CB”: resolución de la Cámara Administrativa

El reportaje televisivo de la periodista Nuria Piera sobre la “Nómina CB”, con el que Participación Ciudadana contribuyó, causó un fuerte impacto en la opinión pública, provocando reacciones contradictorias de diversos funcionarios y dirigentes del PLD. Se dijo que los pagos eran compensación por trabajos realizados en ocasión de las tormentas que afectaron el país, aunque luego se estableció que datan del 2005.

Pero en esta ocasión la Cámara Administrativa de la JCE reaccionó, después de obtener copias del reportaje, emitiendo la Resolución 001/2008, la cual consideramos como una medida positiva.

La competencia de la Cámara Administrativa para esta disposición está establecida en el literal d) del artículo 6 de la Ley Electoral 275-97, que le autoriza a tomar las medidas necesarias para la buena marcha del proceso electoral y garantizar el derecho al voto de los ciudadanos.

El artículo 47 de la Ley Electoral prohíbe de manera expresa que los militantes de los partidos reciban recursos del Estado a menos que sea el pago de un trabajo específico.

Queda claro, que el recibir un pago sin haber trabajado no es más que una donación. Por lo tanto, el Estado se está convirtiendo en parte del sostén de la organización interna del partido de gobierno. Esto, además de ser ilícito, vulnera el principio de igualdad que debe regir entre las fuerzas políticas.

En un encuentro con directores de medios de comunicación, el candidato oficialista atacó la decisión de la JCE y defendió las “nominillas”. Su argumento contra la decisión de la JCE es que la misma no puede ordenar la suspensión de los pagos puesto que su función es controlar las finanzas de los partidos y no las del gobierno, cuyas erogaciones están sujetas a lo establecido en la Ley de Gastos Públicos. Dijo también que las “nominillas” son necesarias para sostener el clima de gobernabilidad.

Si bien es cierto que el artículo 47 da facultades al pleno de la JCE para tomar medidas en cuestión de contribuciones ilícitas, el artículo 6 literal “d” de la Ley Electoral, le otorga la capacidad a la Cámara Administrativa para tomar medidas transitorias durante el período electoral. Estas medidas pueden tratar sobre todo lo necesario para preservar la integridad del proceso electoral. Es evidente que detener contribuciones ilícitas es algo que cae dentro de ese ámbito de competencias.

De tal forma que, mientras que a la Cámara Administrativa le corresponde tomar medidas temporales únicamente para evitar que se dañe el proceso electoral, al pleno le corresponde tomar medidas definitivas en cualquier momento, aún si no está en marcha un proceso electoral. De cualquier forma, ya no puede alegarse la incompetencia de la Cámara Administrativa para tomar esta decisión puesto que el pleno de la JCE la ha ratificado.

Otra limitación viene dada por el artículo 102 de la Constitución, que prohíbe el uso de los recursos del Estado en beneficio de personas o instituciones particulares. Son inconstitucionales, por tanto, todas las erogaciones que haga el Estado al margen de la Ley Electoral que beneficien a cualquier partido político.

En el caso en cuestión, la facultad de la JCE de ordenar la suspensión del pago de estas nóminas viene dado porque este mecanismo está siendo utilizado para financiar un partido político. Es una actividad ilícita que la JCE tiene facultad de suspender. Tal como establece el artículo 6.d) de la Ley Electoral, la Cámara Administrativa está facultada para tomar las medidas que juzgue necesarias para defender la integridad del proceso electoral. Por lo tanto, la suspensión del pago queda claramente dentro de sus competencias.

Propaganda electoral en las vías públicas

Participación Ciudadana a través de sus brigadas de monitoreo de la propaganda vial, contabilizó el número de vallas (no se incluye banderas, afiches, banderines ni murales) colocadas por los partidos políticos en las tres principales carreteras del país: las autopistas Duarte (Santo Domingo-Santiago), la carretera del Sur (Santo Domingo-San Juan) y La autopista del Este (Santo Domingo-Higüey).

En estas carreteras, se contabilizaron un total de 5,147 vallas. La autopista Duarte concentra una cantidad de 1,710, las Américas 1,282 y la del Sur 2,055. La responsabilidad partidaria en cuanto a la colación de este tipo de publicidad política se distribuye de la siguiente manera: Partido de la Liberación Dominicana y aliados ha instalado 3076 para un 60.95%, el Revolucionario Dominicano 1148 lo que significa el 22.75% del total de las vallas. El Reformista 757 para un 15%, la 4ta. Vía 54 para un 1.07%, el MIUCA 5 para un 0.10% y el PAP 7 para un 0.14%.

Tópicos | Observación Electoral, Participación Ciudadana