La ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch consideró que es “algo muy bochornoso”, que una comisión del gobierno haya alegado las atribuciones constitucionales del Presidente de la República para defender el pago de sueldos mensuales a personas que no realizan ningún trabajo en la administración pública.

“Ciertamente, la Constitución de la República otorga atribuciones al Presidente de la República para designar funcionarios gubernamentales, pero es para que realicen funciones o trabajos en la administración pública, en ningún momento nuestra Carta Magna autoriza al Presidente a usar los recursos que pagamos de impuestos todos los contribuyentes para pagar salarios por razones políticas, como ha quedado testimoniado por Nuria Piera, y certificado por la Cámara Administrativa, en el caso de la llamada nómina CB”, señaló.

Ortiz Bosch se refiere a un documento entregado ayer a la Junta Central Electoral en el que el gobierno considera que al emitir la resolución 001-2008, la Cámara Administrativa del tribunal de elecciones se excedió en sus funciones al ordenar al Poder Ejecutivo el cese a los pagos políticos con fondos públicos, a través de la llamada nómina CB (Comités de Base).

El documento del gobierno alega que con su resolución la Cámara Administrativa entra en contradicción con las atribuciones que le confiere al presidente de la República el artículo 55 de la Constitución para designar a los secretarios de Estado y otros funcionarios públicos.

La comisión del gobierno estuvo integrada por el Consultor Jurídico de la Presidencia, Cesar Pina Toribio, y el secretario de Economía Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, quienes estuvieron acompañados del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.

“Estoy verdaderamente sorprendida de que para intentar defender esta escandalosa situación”, expuso, “se haya argumentado una atribución constitucional, pero más escandaloso aún es el hecho de que ese alegato haya sido escrito en un documento oficial, presentado ante la Junta Central Electoral, es decir, que no se trató de un pronunciamiento fortuito sino de una manifiesta intención de desnaturalizar la Constitución, que es la base de todo el ordenamiento legal de la Nación”.

Suprema debe administrar justicia

Con respecto a la tardanza de la Suprema Corte de Justicia en fallar sobre los recursos de inconstitucionalidad del contrato de préstamo por 130 millones de dólares contraído por el Gobierno a través de la empresa Sun Land, elevados por el Foto Social Alternativo y el Partido Revolucionario Dominicano, Ortiz Bosch afirmó que el alto tribunal debe emitir su sentencia.

“Se trata de un fallo fundamental para el curso que debe seguir el proceso institucional dominicano, que esto fallo estará trazando una línea divisoria, un momento, en el que la Suprema va a decir si el país sigue un rumbo institucional, si apuntalamos los avances alcanzados, o si caemos en un retroceso que podría tener terribles consecuencias para nuestra democracia”, precisó.

Dijo que el doctor Jorge Subero Isa y los jueces y juezas de la Suprema Corte deben entender que un fallo tardío sobre ese caso implica una denegación de justicia que enviaría una muy mala señal a la sociedad dominicana.

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