Un país no puede ser verdaderamente libre si sus ciudadanos se permiten ser esclavos de tradiciones emotivas o ambiciones siniestras que enajenen su voluntad democrática. Se la enajena de dos formas distintas e igualmente contraproducentes: la una tiene que ver con la oferta electoral de los partidos que conforman el sistema, la otra con las motivaciones que mueven al voto.

Partiendo de la igualdad y equidad jurídicas entre todas las personas que pertenecen a una comunidad determinada, los mecanismos democráticos pretenden la organización de éstas de forma tal que puedan elegir –directamente mediante el voto o indirectamente mediante la representación- lo que particularmente estiman más conveniente entre determinados cursos de acción. Nadie decide por el otro, aunque todos deciden sobre uno. La voluntad general es soberana.

Lo esencialmente valioso para la democracia representativa es, pues, que las personas eligen. Lo hacen entre las diferentes alternativas organizadas en el sistema en la forma de partidos. Pero, llegando al que es nuestro caso, ¿qué sucede cuando el sistema no logra ofertar a la ciudadanía opciones que esta entienda lo suficientemente satisfactorias? Los ciudadanos insatisfechos pueden asumir los costes de organizarse en una nueva agrupación política, respaldar una emergente o bien optar por la menos mala entre las opciones que le ofrece actualmente el sistema.

Si a lo anterior se añade lo que podemos razonablemente entender como influencias negativas que inciden en el voto, quedará manifiesto el problema que nos ocupa y con él nuestra preocupación. Dichas influencias negativas (entre las que se cuentan la tradición electoral familiar, las deficiencias educativas, el analfabetismo político, el fanatismo partidario y el clientelismo) suponen una cierta e importante rigidez en la facilidad del voto para desplazarse libremente entre las ofertas diferenciadas que nos proporciona el sistema. Consecuentemente, y en la medida en que los ciudadanos se vuelven cada vez más conscientes de esta realidad, ante una oferta electoral insatisfactoria, el triunfo de las alternativas emergentes se les presenta como necesariamente improbable y futuro, incapaz de hacer frente a su necesidad inmediata. He ahí las razones intrínsecas y ya no accesorias -organización, recursos, candidato, estrategia- de su fracaso.

El resultado es el monopolio democrático, una situación validada por el sistema y ratificada por la costumbre, en virtud de la cual un reducido número de partidos logran adueñarse de todo el sistema, y con él de la voluntad general. Ante la inviabilidad inmediata de las ofertas emergentes, surge un sentimiento generalizado de resignación en virtud del cual la mayoría opta por elegir, no ya la mejor alternativa, sino simplemente la que les parece menos mala, lo que invariablemente conduce a una reducción en los estándares de moralidad y desempeño requeridos para el acertado desarrollo de las economías del poder en manos de los monopolistas: No hace falta esmerarse en ser el mejor cuando el mercado electoral se resigna a que uno sea menos malo.

La situación se torna más perversa en la medida en que reconocemos que los partidos políticos tienden a replicar a lo interno lo que de hecho fomentan a nivel exterior. Una o dos personas se adueñan de la voluntad de cada partido, por lo que menos de una decena de personas –que según vimos no tienen por qué ser necesariamente los mejores representantes de la sociedad – acaban decidiendo por y no para el país.

La democracia, aunque convaleciente, sobrevive gracias a la incapacidad de los monopolistas de agotarse mutuamente, es decir, debido a que, por definición, el sistema tiende a distribuir o limitar el poder del cual puede disponer una determinada agrupación política a fin de garantizar, cuando menos, una alternativa semejante; como no existe una democracia con un único partido, la máxima concentración de poder político en la democracia es el bipartidismo sea este implícito o explícito.

En tales casos, el acuerdo entre los líderes de cada partido sobre prácticamente cualquier cosa deviene en ley o se tiene por análogo a la voluntad general de la población que ha elegido ser dirigida por alguno de ellos. Es aquí cuando la trama adquiere una mayor complejidad ya que, como cualquier negociación o acuerdo concretado con este reducidísimo grupo de personas adelanta a cualquiera numerosas ventajas, no faltan quienes se apresten a ofrecerles toda clase de dádivas a fin de ganar su cooperación o evitar su hostilidad. Los unos tienen el poder que da el dinero, los otros, la fuerza de las masas. La necesidad recíproca acaba por configurar así los cuadros directivos de esa gran empresa que viene a ser nuestra nación.

Empresa y dirección estas que, como cualesquiera otras, cuentan también con toda clase de empleados en nómina. Los hay también muy competentes e inteligentes en una y otra compañía, aunque igualados al fin por el hecho de que su compromiso con la verdad no trasciende a su servil preferencia partidaria. Cada día nos deleita un nuevo esclavo demostrando a través de los medios de comunicación una ausencia extraordinaria de objetividad y ética profesional al evaluar críticamente los desaciertos propios o los aciertos ajenos; hablan como si sus dueños fueran dioses infalibles e insuperables, pasan por alto en silencio o desmienten descaradamente los casos de corrupción propios exagerando hasta lo ridículo el resto.

Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil afirma nuestro Himno Nacional. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos conservar siempre nuestra independencia interior. Confrontados con la necesidad del voto, siempre preferible a la abstención estéril, optemos por hacer del nuestro un voto inteligente, responsable, crítico y objetivo.

El voto es voluntad, pero es también expresión de aceptación o simpatía. Un voto a favor de una gestión corrupta e ineficiente, basado en lo que a nosotros exclusivamente nos conviene o motivado solamente por la tradición, es una tiranía particular en contra de nuestros hermanos más pobres e indefensos, que siempre son los que más pagan los desaciertos de cada gestión.

La República Dominicana no es una empresa privada, posesión particular de unos cuantos mercaderes. República Dominicana somos todos. Desde la soberanía de nuestra propia individualidad rechacemos con nuestro voto el monopolio democrático y con él, la estrechez de pensamiento, corazón y conciencia que esclavizan hoy en día nuestra gran nación.

Manuel Moisés Montás es egresado Summa Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) donde realizó estudios en Economía, Administración de Empresas y Mercadotecnia. Actualmente cursa un PhD en Fundamentos del Crecimiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid. De profundas convicciones espirituales y sociales, es uno de esos numerosos ciudadanos que no se sienten identificados con ningún partido en particular.