SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Inc. (ANJE) realizó el encuentro con el candidato presidencial Amable Aristy Castro por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en ocasión de la celebración de una jornada de encuentros con los candidatos para las elecciones presidenciales a efectuarse el próximo 16 de mayo.

El candidato presidencial por el PRSC, presentó ante la membresía de ANJE su agenda de trabajo. Dentro de las acciones que el Lic. Aristy Castro propuso es la de mejorar la calidad de la educación; la creación de hospitales rurales para brindar servicios de salud gratuitos a las personas de escasos recursos; ejecutar de manera inmediata un plan de austeridad, restablecer la seguridad ciudadana, el orden y la autoridad; realizar una revisión exhaustiva de la deuda externa, el uso del financiamiento de PETROCARIBE para poder solventar el déficit cuasi fiscal, entre otros.

Aristy Castro candidato por el PRSC, destacó que reducirá el número de impuestos, eliminará gradualmente los subsidios a los combustibles; protegerá las sectores productivos, convirtiendo al Estado en un facilitador y no en obstáculo para dichos sectores.

Por su parte, Pablo Piantini Presidente de ANJE, agradeció al Sr. Amable Aristy haber presentado su plan de trabajo a la membresía y su aceptación de haber participado en esta jornada de encuentros, que sin lugar a dudas constituyó una gran oportunidad para reiterar el compromiso de ANJE en colaborar en todo lo que sea necesario para encaminar al país por el sendero del desarrollo político, social y económico. Asimismo, invitó al público a participar en los próximos encuentros que realizará la Asociación con los demás partidos políticos.

El candidato presidencial reformista estuvo acompañado del presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, el secretario general Víctor Gómez Casanova, del ex-gobernador del Banco Central Guillermo Caram y se su coordinador nacional de campaña Ramón Rogelio Genao.
“PROPUESTAS DE ANJE PARA LOS PLANES DE GOBIERNO ENMARCADAS EN UN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”

INTRODUCCIÓN

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) entiende que “…la única vía para lograr un verdadero desarrollo nacional es si diseñamos, creamos y acordamos un plan nacional de desarrollo a mediano plazo, que englobe las políticas económicas, institucionales y sociales que lleven el país a ser más competitivo en el ámbito nacional e internacional …”1.

A pesar de nuestra idea de que el Plan Nacional de Desarrollo enmarque todas las temáticas necesarias para impulsar el desarrollo de la República Dominicana, hemos decidido puntualizar en esta propuesta las ideas más relevantes en el marco económico y financiero, judicial e institucional, y educacional.

II. ASPECTOS

A los fines de esta propuesta trataremos los siguientes componentes:

a) Aspectos económicos: que incluyan las políticas relacionadas, en términos generales, a lo monetario y financiero, a lo fiscal, y a lo energético;

b) Aspectos sociales: que contemplen políticas públicas atinentes a la educación, a la salud, al medioambiente y a la infraestructura, pero concentrándonos en el tema educativo;

c) Aspectos judiciales e institucionales: que incluyan programas para reformar el Estado, erradicar la corrupción y el clientelismo, mejorar el sistema judicial, y transformar nuestro sistema político; y, finalmente,

d) Aspectos demográficos: que analicen las tendencias de nuestra población en cuanto a su crecimiento y

características, y que vislumbren la necesidad de tener un ordenamiento demográfico acorde a nuestra realidad económica y social.

III. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS

A) ASPECTOS ECONÓMICOS:

Nuestra asociación entiende que la inclusión de las políticas públicas relacionadas a lo monetario y financiero, a lo fiscal, a lo internacional y a lo energético, precisa determinar el nivel de crecimiento y desarrollo que la economía debe alcanzar en la menor cantidad años posible y que la política fiscal y monetaria vayan cónsones con estos objetivos.

A.1. COMPONENTE MONETARIO Y FINANCIERO

En lo referente a las políticas públicas relacionadas con aspectos monetarios y financieros, entendemos que se deben contemplar en el Plan objetivos generales para la ejecución de una política monetaria adecuada a la estrategia fiscal y a las expectativas de crecimiento económico. Adicionalmente, se debe promover la salud del sistema financiero en su conjunto unido a un mercado de valores fortalecido y un mercado cambiario que permita la estabilidad y la competitividad del país.

En cuanto a las políticas específicas, entendemos que el Plan debe incluir las siguientes medidas:

Independencia y Transparencia. Aumentar la independencia y transparencia en el ejercicio de la política monetaria. Los miembros de la Junta Monetaria deben ser personas con la debida capacitación y experiencia, nombrados a tiempo completo.

Aumentar a 6 años la designación del Gobernador del Banco Central y del Superintendente de Bancos. El Gobernador del Banco Central y el Superintendente de Bancos deben ser seleccionados por el Congreso en base a una terna presentada por el Poder Ejecutivo. Deben ser publicadas las minutas de las reuniones de la Junta Monetaria. Supervisión. Mejorar la capacidad de supervisión de la Superintendencia de Bancos a través de: El cumplimiento de los principios de Basilea en lo relativo a requerimientos de capital, gobierno corporativo y manejo de riesgos. Fortalecimiento de la supervisión hacia las instituciones financieras no bancarias (Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos de Ahorro y Crédito, Financieras, Cooperativas, etc.).

Reducción gradual del encaje legal considerando las nuevas regulaciones que exigen la medición de los riesgos de liquidez y de mercado, el uso de este instrumento ha perdido su razón de ser. Revisión LMF. Se debe revisar completamente de la Ley Monetaria y Financiera y sus respectivos reglamentos para asegurar que las empresas tengan un justo acceso al crédito según sus condiciones financieras le permitan.

Recapitalización del BC. Se debe reducir lo más posible el tiempo requerido para la completa recapitalización del Banco Central (Los mecanismos para el logro de esta meta están contemplados en la Ley de Recapitalización pero se requiere de un compromiso firme de las autoridades para cumplir la misma).

A.2. COMPONENTE FISCAL

La política fiscal es uno de los principales instrumentos con lo que el Estado recauda los fondos para lograr una redistribución de la riqueza de una nación a través de su gasto social de manera que se creen las posibilidades para que las personas con menos recursos puedan desarrollarse y contribuir con el país. Por esta razón, entendemos que la estrategia fiscal operativa de un Gobierno debe ser sustentadora de desarrollo y no una traba para el mismo. Los impuestos deben de ser definidos de manera que creen los menores desincentivos posibles para el desarrollo de los diferentes sectores de la economía.

Es nuestra posición que, el revisar los aspectos que mencionaremos a continuación no deberían de tener impactos negativos sobre las recaudaciones. Recordemos el principio económico de la curva de Laffer, que establece que es posible aumentar las recaudaciones al rebajar los impuestos, ya que un nivel adecuado de los mismos no crearía las distorsiones a las que estamos sujetas actualmente y, por lo tanto, la evasión debería de reducirse. Los gobiernos deben de continuar dirigiendo sus esfuerzos en controlar este flagelo a través del reforzamiento de instrumentos como los Números de Comprobantes Fiscales (NCF), los cuales han demostrado su efectividad en el poco tiempo que tienen de aplicación. Lograr que cada quién pague su justa parte debe ser la meta fiscal de un Plan Nacional de Desarrollo, pues de esta manera no se estaría penalizando tanto a una clase media cada vez más oprimida por cargas fiscales que no le son devueltas en servicios públicos eficientes.

Por ello en nuestro país, entendemos prudente que se realice lo siguiente:

Revisión profunda de la situación fiscal actual. Es prudente que nuestras autoridades logren gradualmente incorporar más contribuyentes al sistema y que se incluya eventual necesidad de ampliar la base de productos que aportan al fisco, no obstante, esto nos llevará a una necesidad de revisar a la baja los principales impuestos que integran nuestro sistema impositivo. En este orden de ideas, debemos ir tan profundos como sea necesario para analizar la sensibilidad de estas tasas, de manera tal que las recaudaciones no se vean afectadas. Como ejemplo de la factibilidad de este planteamiento, podemos destacar que, históricamente, hemos visto cómo los aranceles de aduanas se han ido reduciendo con poco impacto sobre las recaudaciones.

Evaluación de los impuestos existentes y redefinición de los mismos. No deben de inventarse impuestos a la ligera para resolver problemas puntuales que se presenten (ej.: Discusiones recientes sobre el impuesto de 10% a usuarios no regulados del sector eléctrico). Debemos de apegarnos a reglas impositivas claras, pues de esta manera el sector privado podría operar con un ambiente mucho más estable y el país se tornaría mucho más atractivo para Inversión Extranjera Directa. Los siguientes aspectos deben ser la regla por excelencia de los principales impuestos de un Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país: Impuesto sobre la renta: La tasa actual de 25% debe reevaluarse mediante un estudio que analice la sensibilidad de la posible reducción ante la capacidad recaudadora. ITBIS: El nivel actual de 16% pudiera regresar a 12% si se amplía la base de productos que no están sujetos al mismo.

Entendemos que hay un potencial inmenso no aprovechado en este aspecto, ya que incrementado la base se incluirían más contribuyentes al fisco y se disminuirían los efectos distorsionadores que este impuesto crea. Impuestos selectivos a los combustibles: Nuestra economía es muy dependiente de los combustibles derivados del petróleo, y dado el nivel actual de los precios del crudo en los mercados internacionales, debemos de ser cuidadosos con este impuesto. Entendemos que reducir este impuesto, a pesar del alivio que pueda traer a las finanzas de los contribuyentes, puede tener un efecto adverso sobre el país ya que el consumo de los combustibles aumentaría y por ende nuestra deuda con Petrocaribe. Es nuestra posición que este impuesto debe de mantenerse en los niveles actuales, pero, un Plan Nacional de Desarrollo debería de contemplar la creación de un fondo especial para depositar los excedentes que el Gobierno genera por motivo de selectivos a combustibles, ya que el mismo adquiere el crudo a precios preferenciales y diferidos en el tiempo mientras que los precios al consumidor son considerando los precios del petróleo del momento. De esta manera evitaríamos tener que pagar una deuda externa dos veces. Otros impuestos selectivos: Existen otros impuestos selectivos, específicamente a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, que ciertamente son muy comunes para este tipo de productos por el efecto que los mismos producen.

Sin embargo, no deja de ser cierto que en algunos casos estos podrían revisarse ya que se encuentran en niveles considerablemente altos. Recordemos que estos productos, en adición a los selectivos, pagan ITBIS. Una revisión del ITBIS ya podría tener efectos positivos sobre el dinamismo de estos sectores productivos. Con la reforma fiscal a estos productos no sólo se les aumentó el selectivo al consumo sino también se les incluyó un advalorem que ha sido perjudicial para la industria y debería analizarse de manera ponderada su impacto. Impuestos al sector turismo: Este es uno de los principales sectores de la economía dominicana y ciertos impuestos que aplican al mismo deberían de revisarse, como lo es el caso del impuesto a los pasajes aéreos y a la llegada de pasajeros. En un Plan Nacional de Desarrollo este sector debe ser uno de los pilares del desarrollo promoviendo su transformación de un modelo todo incluido a un modelo donde el turista conozca más sobre el país y de esta manera gaste más durante su estadía. Entendemos que los impuestos mencionados anteriormente, de ser revisados a la baja, dotarían de más recursos para gastar a los turistas que nos visitan.

Impuesto a la Transferencia Bancaria y el Impuesto a los Vehículos de Motor: Existen una serie de otros impuestos que no deberían de formar parte, o por lo menos revisarse, del sistema tributario del país. Es el caso del 0.15% de transferencias bancarias. No entendemos que servicio público estamos utilizando para tener que pagar un 0.15% de casi toda transacción bancaria. Tampoco entendemos por qué en nuestro país, tan dependiente para fines de transporte en vehículos de motor, los precios de éstos tengan que ser como mínimo un 40% más caro que en países como Estados Unidos (incluyendo el margen de beneficio de los importadores).

Distribución del Gasto Público. La distribución del gasto público deben ir acorde con la ruta estratégica diseñada para el país, lo cual implicará que las autoridades tengan que cumplir con la austeridad y que el mismo se redistribuya a zonas más socio-económicamente más deprimidas. Asimismo, se precisa que la composición del gasto público varie, de manera tal que su composición sea de un 60% de gasto corriente y de un 40% de gasto de capital. Es preciso que se realice un plan de austeridad y de eficiencia en el gasto público donde los recursos se destinen a áreas esenciales como la salud y la educación.

A.3. DIMENSIÓN INTERNACIONAL

En vista de que ya hemos firmado el DR-CAFTA y con Europa el Acuerdo de Asociación Económica, ya no se trata de cuestionarnos si firmaremos Acuerdos de Libre Comercio ni con quiénes; mas bien la discusión deberá enfocarse sobre si el país presenta las condiciones ideales, o por lo menos indispensables para ello, y/o de identificar aquellas áreas susceptibles de mejorar en el corto plazo, de manera tal que la nación dominicana pueda aprovechar los beneficios que los mismos ofrecen.

En más de una ocasión se ha acordado que la única opción viable para un desarrollo sostenido es mediante el aumento de las exportaciones de bienes y servicios con clase mundial. La firma de los Tratados de Libre Comercio permite acelerar este proceso. Sin embargo, para ello es fundamental que las estrategias fiscales, financieras y de infraestructura apoyen este proceso y en ningún momento contradigan la dirección deseada.

Para la consecución de lo anteriormente expuesto, entendemos que se debe lograr:

Una mejor asignación de los recursos para el mejoramiento del sector exportador, tanto económicos como de capital humano; el aumento de la eficiencia productiva dentro de la economía; y la armonización regional de los aranceles son requisitos necesarios para que el país mejore su posición competitiva y por lo tanto, se acelere el proceso de generación de riqueza. Fortalecer los mecanismos que permitan un desarrollo de la innovación y el emprendedurismo.

Diversificación y Especialización de las Exportaciones. Entendemos que debemos aprovechar la oportunidad que nos brindan los TLC para promover las exportaciones nacionales y dotar a este sector de mejores condiciones para diversificar la base productiva, ya sea mediante un mayor valor agregado o a través de la especialización, identificando nichos de mercado que podamos servir de manera competitiva.

Está comprobado que una medida importante para el éxito de las políticas comerciales es el grado de diversificación de las exportaciones. Se sabe bien que los países con una fuerte dependencia de unos cuantos bienes de exportación son los más vulnerables ante las fluctuaciones de las condiciones del mercado, en comparación a aquéllos que gozan de una canasta más diversificada de exportaciones.

De ahí la importancia de que se fomente e incentive la diversificación productiva con potencial exportable mediante políticas concretas de promoción en los mercados internacionales, de incentivos puntuales así como dotar al sector de un mejor acceso a dichos mercados. No obstante, entendemos República Dominicana puede perfectamente seguir la línea de la diversificación sin contradecir la teoría de las ventajas comparativas y continuar con el desarrollo de la marca país.

Reforma Fiscal para el Sector Exportador. Desde el punto de vista fiscal, se debe diseñar e implementar una reforma arancelaria que tome en cuenta los aranceles de nuestros principales competidores internacionales, para evitar crear una pérdida de competitividad por esta vía. De la misma forma, se debe de tomar en consideración todos aquellos aspectos arancelarios dispuestos en los TLC`s firmados o por firmar, para así eliminar cualquier distorsión que impida o dificulte la actividad exportadora. Crear planes para la eliminación de barreras de acceso a los mercados y fortalecer mecanismos legales para erradicar estas prácticas desde el punto de vista local como internacional.

Continuar la modernización del Sistema de Aduanas. Se precisa hacer una profundización de las reformas operativas de los puertos, las aduanas y el transporte de carga. Se debe seguir trabajando en la reducción del tiempo de “desaduanización” de las mercancías importadas; inversiones en infraestructuras, como por ejemplo el establecimiento de una cadena de frío funcional; la aplicación de las tarifas establecidas apegadas al marco legal, sin permitir la discrecionalidad al momento de liquidar las mercancías; el aumento de la eficiencia recaudatoria; son todos aspectos que debemos enfatizar para que los sectores productivos puedan realizar sus actividades de manera ordenada y eficiente. Apoyamos la visión de convertir a la República Dominicana en “el centro de negocios, producción y comercio más competitivo de la región. Para ello, es fundamental contar con un sistema aduanal moderno, tecnificado y con tiempos de despacho y espera acordes con los estándares

internacionales.”3 Para asimilar los efectos de la implementación de los TLC`s, así como la presunta pérdida de recaudación vía la reducción arancelaria, un plan de gobierno enmarcado en un Plan Nacional de Desarrollo deberá contemplar y actuar sobre diversos aspectos, tales como: Creación de programas de apoyo directo a los pequeños productores agropecuarios, siendo éstos los principales afectados por la liberalización dispuesta en la Ronda Doha, facilitando la migración de la naturaleza de sus cultivos, mitigando así el impacto generado por el proceso de liberalización.

Políticas enfocadas sobre las áreas de mayor impacto en el costo de las empresas (energía eléctrica, tecnología, recursos humanos y una tasa de cambio competitiva) y asegurarse de que las Políticas Cambiarias y Fiscales sean compatibles con los esfuerzos de promoción de la actividad exportadora. Fomentar el desarrollo de industrias soporte al comercio exterior (bancos, aerolíneas, universidades, bienes raíces etc.).

Entender la naturaleza inamovible de estos acuerdos. Las condiciones acordadas no deben ser empleadas para el proselitismo electoral ni partidista. Incrementar la disponibilidad de crédito a los sectores productivos a través de mecanismos para el acceso a esquemas de financiamientos, con garantías para financiamientos con el sector privado sumado a incentivos.

Por último, debemos recordar que la liberalización comercial es un método para reducir la pobreza a largo plazo, tal y como predice la teoría económica, principalmente por sus efectos sobre el crecimiento (Winters et al, 2004). Un aumento del comercio exterior debe contribuir a la mejora del bienestar de la población en general aunque para ello se requiere de otros factores adicionales.

A.4. COMPONENTE ENERGÉTICO

Este pilar constituye uno de los aspectos fundamentales para mejorar nuestra competitividad futura. Ciertamente, todos los temas económicos se pueden ver afectados por esta variable si no se toman las medidas correctivas. La realidad es que la solución del tema eléctrico radica en todos los subsectores del mismo, por lo que hay que atacar la situación actual en la generación y la transmisión conjuntamente con la distribución y regulación, que son los dos aspectos donde radican los mayores problemas. No podemos esperar que el Estado, siendo parte activa en el sector, pueda tomar decisiones imparciales, ya que esto simplemente no sucede en la racionalidad humana.

Por igual, ninguna distribuidora va a trabajar seriamente sus cobros, mientras le resulte más fácil cobrarle al Estado el subsidio que su factura a los clientes, aquí nuevamente se impone la racionalidad económica. En este sentido, el tema de los subsidios, y no sólo el eléctrico, deben ser sometidos a una discusión profunda.

Se precisa poner en ejecución un plan integral de sostenibilidad del sector eléctrico; que abarque las áreas de distribución, generación y transmisión, así como el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento del órgano regulador que permita la reducción de los costos y un servicio constante y de calidad.

Es importante entender que hoy en día el sector tiene una serie de problemas estructurales (uno de los más graves son los niveles de perdidas de electricidad que ascienden a 40%) que no hacen viable la participación privada en algunas actividades (distribución) si no se crean las condiciones transitorias necesarias hasta que se consiga un nivel de autosostenibilidad. Los gobiernos deben tratar de crear estas condiciones para mejorar el recaudo por distribución de energía.

En el presente documento ANJE expone algunos planteamientos que permitirían encarrilar al Sector Eléctrico en el camino de lograr los objetivos que la sociedad dominicana necesita para tener sectores productivos competitivos y mejorar la calidad de vida de la población en lo que a suministro eléctrico se refiere. Lo que expresado de forma cuantitativa se resume en un servicio de alta calidad y continuidad, con tarifas que respondan a criterios técnicos de costos.

Cuando se habla del sector eléctrico existen principios, criterios y procedimientos que se deben cumplir para que el sector pueda funcionar de manera sostenible y eficiente, tomando en cuenta las características físicas, financieras y de mercado que caracteriza cualquier sistema eléctrico en cualquier lugar del mundo. Todos estos aspectos, junto a condiciones prácticas y socio políticas de cada sistema, permiten definir los principios u objetivos generales que debe buscar el Sector. En el caso de República Dominicana estos principios y objetivos, que a la vez fueron la base de la reforma, son:

Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del país, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el óptimo uso de recursos y la debida consideración de los aspectos ambientales; Promover la participación privada en el desarrollo del subsector eléctrico; Promover una sana competencia en todas aquellas actividades en que ello sea factible y velar porque ella sea efectiva, impidiendo prácticas que constituyan competencias desleales o abuso de posición dominante en el mercado, de manera que en estas actividades las decisiones de inversión y los precios de la electricidad sean libres y queden determinados por el mercado en las condiciones previstas; Regular los precios de aquellas actividades que representen carácter monopólico, estableciendo tarifas con criterios económicos, de eficiencia y equidad a manera de un mercado competitivo; Velar porque el suministro y la comercialización de la electricidad se efectúen con criterios de neutralidad y sin discriminación; y, Asegurar la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones.

Al analizar los mismos se puede concluir que es lo básico que necesita un sistema para lograr los objetivos de calidad, continuidad y costos de forma sostenible. Tomando en cuenta los instrumentos normativos, las instituciones creadas y sus funciones estos principios u objetivos eran completamente consistentes con la reforma, por lo que la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se produjo la desviación del camino de la reforma?, a lo que podemos responder de manera general que no se permitió que la misma alcanzara un nivel de madurez adecuado antes de introducir nuevas reformas de fondo, que distorsionaron la autoridad, los procesos y en definitiva los resultados.

Gran parte de la normativa fue objeto de incumplimientos y distorsiones de su contenido, lo que en la mayoría de los casos ha tenido su origen en circunstancias politiqueras, constituyendo la mayor de las violaciones, y mucho más que eso, un acto contra la reforma del sector, la recompra de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte y del Sur por parte del Gobierno Dominicano a Unión FENOSA en septiembre del año 2003. De esta forma, el Gobierno Dominicano consolida su figura de Regulador – Regulado, situación simplemente inmanejable.

Desde ese entonces se han venido tomando decisiones desacertadas, siendo una de las mayores el decreto 04 – 2005 del Poder Ejecutivo en fecha 6 de enero del 2005 que creó El Comité de Recuperación del Sector Eléctrico, con atribuciones propias de las instituciones ya presentes en el Sector.

La creación del referido Comité tiene tres debilidades principales de fondo que nunca permitirían una adecuada solución a las necesidades del sector, más bien creaba nuevas barreras a vencer:

Conformación. Al estar integrado por reguladores y agentes, pero esto últimos con un trato discriminatorio, ya que la CDEEE formaba parte de la Dirección Ejecutiva, existían conflictos de interés en el origen que no permitirían una correcta visión de las líneas de acción necesarias. No existía una visión de regulador.

Estructura Operativa. Una estructura muy compleja, con muchas figuras de alto nivel fuera del sector, lo que la convierte en no funcional.

Legitimidad. Muchas de sus funciones entran en contradicción con el mandato de la Ley General de Electricidad, por lo que el apoyo de los agentes afectados estaría altamente condicionado.

Visto lo anterior y partiendo de nuestra situación actual se plantean las siguientes líneas de acción con el objetivo de retomar los principios u objetivos fundamentales de la reforma del Sector Eléctrico:

Eliminar el Comité de Recuperación del Sector Eléctrico. Reducir a la CDEEE estrictamente a las actividades propias de un agente del sistema y mercado eléctrico; y analizar la conveniencia de privatizar completamente sus actividades. Dotar a la Comisión Nacional de Energía de la capacidad para elaborar un plan indicativo junto a la Superintendecia de Electricidad, que tenga como objetivo retomar los principios de la reforma. Dentro de este plan debe estar claramente definidos los siguientes puntos: Tarifas públicas objetivos para cada sector. Calidad y continuidad objetivos para casa sector. Modificar la estructura de la Superintendencia de Electricidad de cara a mejorar la capacidad técnica e incrementar su independencia institucional para poder ejecutar el plan sin interferencias politiqueras. Instrumentar, en el corto plazo, el proceso la privatización de las Empresas Distribuidoras del Norte y del Sur.

Crear el instrumento para que los sectores de la sociedad puedan conocer el desempeño del plan definido y sus objetivos, logrando un incremento de la participación privada. Tal como se plantea en el documento el Estado debe concentrarse en su rol de regulador y disminuir su presencia como operador dándole entrada al sector privado. Promover el uso de energía alternativa.

Deben desarrollarse estrategias para diversificar la matriz energética del país incentivándose el uso de gas natural y energías alternativas. Aunque gracias a la inversión privada realizada por empresas extranjeras el país ha disminuido su dependencia a los combustibles derivados del petróleo considerablemente (en el año 2000 90% de la energía dependía de los precios del petróleo mientras que hoy 45% depende del gas natural, carbón o hidroelectricidad), todavía hay mucho por recorrer en esta área.

Fortalecer el sistema de transmisión para conectar los centros de demanda que están aislados del sistema interconectado. A medida que estos sistemas aislados puedan aprovechar la oferta de energías más baratas provenientes de fuentes de energía no derivadas del petróleo, se hará más competitivo a los sectores comerciales e industriales del país, especialmente al sector turístico. Saneamiento de las empresas distribuidoras.

El tema de la cultura de “no pago del servicio” y los robos de electricidad sin duda son temas que deben analizarse desde una óptica integral que abarque la creación de confianza a través de programas de mejora del servicio y programas de educación en materia de uso racional de la energía. Por otro lado, se deben encontrar mecanismos que permitan a las empresas distribuidoras atraer las inversiones necesarias para la adecuación y expansión de las redes eléctricas. B) ASPECTOS SOCIALES:

En cuanto a los aspectos sociales, consideramos imprescindible la adopción de políticas públicas adecuadas en el ámbito de la educación, la salud, el medioambiente y la infraestructura, en aras de lograr mayor equidad y reducir la pobreza.

B.1. EDUCACIÓN

De todos estos componentes, queremos hacer especial énfasis en el de la educación4. Sabemos que nuestro país solo tiene una forma de salir de la pobreza que es a través de la educación. Es por esto que ANJE se ve en la obligación de precisar a todos aquellos que deseen ser líderes de nuestro país de la importancia del sistema educativo y de que entiendan que nuestro sistema educativo no debe de ser plataforma partidaria sino la plataforma hacia un futuro sostenible, ya que sin educación no hay progreso. Los que hoy se gradúan de nuestras aulas serán el reflejo de lo que será nuestro país. La educación no es un derecho es una obligación. La Educación debería de ser el Megaproyecto Nacional. Al final de cuentas si el país no invierte en educación con calidad no tendremos los recursos humanos para competir en apertura comercial.

Si bien es cierto que desde el año 1992 hemos venido registrando avances relativos en la gestión de nuestro Sistema Educativo, no es menos cierto que, todavía en el presente 2007, se hace visible y preocupante nuestra inconsistencia (tanto pública como privada) para producir las capacidades estratégicas que necesita el capital humano, que a la postre es el nutriente principal de nuestra competitividad y rentabilidad como nación y como sector empresarial. Desde esta óptica hemos fallado en articular un pacto de continuidad que sea certero, consistente y enfocado en convertir el sistema educativo en insumo de productividad laboral y de ciudadanía integral.

En base a las propuestas realizadas en un sin número de foros, consideramos se puede fácilmente observar que casi todo lo que debe hacerse para mejorar nuestro Sistema Educativo está escrito, discutido y pactado entre una multiplicidad de actores, pero nos ha faltado la capacidad de ejecutar en concreto y de forma persistente las ideas e iniciativas planteadas desde hace años. Es inminente que nos replanteemos como país lo que se está enseñando y cómo se está enseñando, sobre la base de una reforma integral que tome en consideración a los docentes, la metodología educativa, la infraestructura y la normativa.

En ANJE como compromisarios del presente de nuestro país y de un futuro probable y todavía modificable, entendemos como un pilar fundamental que todos los sectores públicos y privados asuman con mayor sentido de urgencia y persistencia el tema educativo. Como país debemos ser sensibles a una realidad práctica, clara y contundente de desventaja comercial frente a países y regiones competidoras debido a la baja calificación de nuestro capital humano.

B.1.1.ELEVAR EL NIVEL DE LA CALIDAD.

Mejorar el incumplimiento de horarios escolares. Nuestros alumnos sólo toman un promedio de 3 horas y 45 minutos diarias de clases cuando deberían de tomar un mínimo de 5 horas diarias. Mejorar el Contenido. Se precisa mejorar urgentemente lo que se enseña. Se debe revisar y actualizar el material que se utiliza para enseñar ya que el mismo, en algunos aspectos, resulta obsoleto como insumo necesario para dotar al estudiante de los conocimientos que va a requerir en el mundo de hoy.

En esta misma nota, se debe ir migrando del modelo “Botella (memorizarse cosas por memorizarlas)” a un modelo que promueva el pensamiento y criterio propio. Es decir, enseñar a los estudiantes niños a pensar. Definir la tecnología como un medio no como un fin, lo que implica que su uso debe estar enmarcado en su potencial para incrementar el bienestar de toda la sociedad. La tecnología no puede sustituir al ser.

Reducir la deserción escolar. Tener mayor inversión no significa mejoría necesariamente, ya que el 50% de los niños que ingresan al primer grado sólo llega a completar cuatro (4) años el 22% ocho (8) años y sólo el 10% termina la secundaria. Tenemos que trabajar en la no deserción de nuestros niños y jóvenes en nuestras escuelas.

Reformar a quienes enseñan, nuestros educadores. Invertir en programas y herramientas de capacitación que le permitan al maestro y profesorado poder transmitir los conocimientos básicos a los alumnos. Se deben establecer requisitos mínimos para ser maestro y un examen para los mismos (En Perú lo hicieron y más del 80% de maestros se quemaron en cuanto a conocimientos básicos de primaria). Se deben certificar cada cierto tiempo para garantizar que sus conocimientos permanecen actualizados. Se debe invertir en la formación continua de los maestros tanto a nivel académico, sociológico y tecnológico. Se debe establecer una remuneración atada a los resultados.

Debemos garantizar profesores entrenados y capacitados para educar, bien remunerados y con horarios justos, que permitan un buen desempeño en el aula. Es decir, algún bono, o parte de su salario, atado al cumplimiento de metas, horario de clase y horas de capacitación cumplidas. Se debe poner suma atención a la calidad de todo el personal de las escuelas, maestros, directores, administradores, etc. Se debe fortalecer la capacidad de los educadores para que sean capaces de diseñar y ejecutar programas educativos innovadores, además potenciar la gestión directiva mediante una formación especializada que permita el mejoramiento de toda la cadena educativa.

Enseñanza en Valores

La educación debe ser integral, un complemento de educación básica con sus materias regulares (matemáticas, español, sociales, etc.) con valores. Se han perdido los valores en la sociedad, los jóvenes ya no les importa mucho cómo se gana el dinero, lo que quieren es que sea rápido. Fortalecer la enseñanza en Moral y Cívica y reforzar los principios de la lucha contra la corrupción. Se debe dar la oportunidad al estudiantado de que en las tardes puedan aprovechar los planteles físicos de algunos colegios, que son bastante amplios, para incentivar el deporte o alguna actividad extracurricular, como pintura, costura, manualidades, música, etc.

Equidad en la Educación. Necesitamos mejorar la equidad en la educación dominicana, no sólo mejorando la cobertura de la misma, más bien logrando mejorar la CALIDAD de ésta en todas las regiones del país.

B.1.2. PRESUPUESTO.

Garantizar la inversión en educación mediante la aprobación de un porcentaje adecuado en el presupuesto general de la nación elaborado cada año, siempre respetando el porcentaje mínimo instituido en la Ley General de Educación y garantizando la calidad del gasto. Cuidar la infraestructura. Aunque nuestro país cuenta con muchas escuelas públicas la mayoría de ellas se encuentran en mal estado. Nuestros gobiernos deben de invertir en mejorar las plantas físicas de nuestras escuelas públicas. Mejora del pago al docente.

Debemos conseguir docentes más valorados, remunerados y sobre todo enfocados en la renovación permanente de sus capacidades pedagógicas, por ello se amerita tener un plan de mejoramiento de sueldo para entusiasmar a más jóvenes a estudiar la carrera del magisterio. Pero también es importante poder remunerar a aquellos que están en el sistema para que puedan progresar y ser maestros para siempre.
B.1.3. ESTRUCTURA E INDICADORES

Despolitizar el proceso educativo. El aprendizaje y sus actores deben ser un constante para toda la vida, no un cambio de paradigma y modelo cada cuatro años. Se precisa lograr la descentralización del sistema, otorgándole a las comunidades la responsabilidad de la gestión de sus centros educativos aún bajo la sombrilla de un paradigma educativo uniforme. Esto implica, quitarle poder al ministerio, y otorgarle más poder a las escuelas y a las comunidades de padres para así involucrarlos en la problemática y permitirles tener mayor voz e incidencia en las decisiones.

Esto ayuda a evitar que los políticos de turno actúen con discrecionalidad en perjuicio de las escuelas y que el sindicato de maestros se tenga que ajustar a los requerimientos de las mismas. Mediciones (pruebas nacionales e internacionales). Debemos tener varias formas de medir el avance de nuestra educación. Estas pueden ser a través de las pruebas nacionales y de sistemas de medición que sean manejados de manera independiente para tener un parámetro real de los niveles de nuestro sistema, para así poder identificar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Asimismo, se debe eenfrentar a nuestros estudiantes al contexto internacional, sometiéndolos a las pruebas de medición internacionales con otros países de manera que sepamos realmente la calidad de nuestro modelo.

B.2. SALUD

Acceso a salud. En lo referente a la salud, debemos aspirar a que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a un servicio de salud completo y de calidad. Pero ciertamente estos objetivos deben irse logrando gradualmente a través de un plan claro y específico. En este sentido, la implementación del Plan de Servicios de Salud (PDSS) en lo referente al régimen contributivo y al fortalecimiento del Plan Subsidiado son elementos claves dentro de esta estrategia. A veces olvidamos que también a este último debemos dar un seguimiento importante, ya que el mismo estaría llamado a dar servicio a cerca de 5 millones de dominicanos en estos momentos. En términos generales, también debemos tener presentes que la salud es uno de los componentes más importantes del bienestar de la población y, al mismo tiempo, un elemento clave en la productividad de los trabajadores.

B.3. MEDIO AMBIENTE

Poner en ejecución un plan de protección medioambiental. Está claro que sin la debida atención al medio ambiente, no podremos asegurar los recursos naturales necesarios para mantener una vida digna y un crecimiento económico sostenido. Esta es, sin duda alguna, un área donde se debaten el corto plazo y el largo plazo. En este sentido, debemos prestar mucha atención a todos los efectos dañinos que sufre nuestro medio ambiente para incorporarlas como parte de dicho plan, como son la deforestación, la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos, el déficit de infraestructura sanitaria, el incumplimiento de las normas ambientales y la concentración de población en zonas inadecuadas.

B.4. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Cumplimiento de la Ley de Planificación e Inversión Pública. Para el desarrollo de los sectores estratégicos de la nación se requiere la planificación de la infraestructura, por lo que se precisa dar cumplimiento a la Ley No. 498-06 sobre Planificación e Inversión Pública que obliga a la preparación de un Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública que establezca los proyectos estratégicos que deben ser introducidos en los presupuestos anuales de capital. Redirigir la inversión a sectores específicos. Lograr a través de la aprobación de la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, redirigir hacia la inversión privada aquellos proyectos cuyas características generales lo ameriten, permitiendo así reorientar el gasto público hacia otras áreas prioritarias.

C) ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JUDICIALES:

En cuanto a los aspectos institucionales, el país amerita incluir programas para reformar el Estado, erradicar la corrupción y el clientelismo, mejorar el sistema judicial, y transformar nuestro sistema político. En este sentido, ANJE presenta una serie de observaciones y consideraciones que entendemos relevantes en torno a las reformas pendientes del Poder Judicial y los proyectos de ley que deben ser aprobados para mejorar el clima de negocios y fortalecer la institucionalidad del país.

C.1. REFORMA DEL ESTADO

Revisar la estructura organizacional del Estado. Sobre la reforma del Estado se debe promover la transparencia, la institucionalidad, el respeto a las leyes y fiscalización de todas las actividades de los organismos del Estado. Para ello debemos revisar la estructura organizacional del Estado, con miras a erradicar la corrupción y el clientelismo, eficientizar las funciones gubernamentales y mejorar la calidad de los servidores públicos, la creación y puesta en funcionamiento de las oficinas gestoras de la Ley de Acceso a la Información, la implementación de una verdadera carrera administrativa y el fortalecimiento del poder legislativo para que tenga ejecutorias coherentes acordes con las necesidades de nuestro país.

Asimismo, nuestro país necesita que se instaure de manera real el servicio civil y la carrera administrativa como uno de los medios para contribuir a la institucionalización de la Administración Pública que se rija por adecuados procedimientos de selección para lograr la estabilidad, la capacitación y la promoción de los servidores públicos, por lo que se precisa fortalecer la Ley No. 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Revisar el sistema político. En cuanto a la transformación del sistema político dominicano, creemos que las mismas deben ir orientadas a alinear las necesidades de la población, con el desempeño de los partidos una vez se encuentran en control del poder, ya sea del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Municipal. Una reforma en nuestro sistema debe revisar aspectos como: la unificación de las elecciones, el manejo de los recursos del Estado por parte de los candidatos con funciones públicas y ejecutivas, el financiamiento de los partidos, entre otros factores.

C. 2. PODER JUDICIAL

En el ámbito judicial, se precisa fortalecer la transparencia, independencia y eficiencia del Poder Judicial, robusteciendo la capacitación de los jueces y fiscales y reforzando tanto la metodología y criterios para las evaluaciones realizadas a los mismos como la transparencia y publicación de sus resultados, actualizar nuestras legislaciones a los nuevos tiempos y llevar a cabo la ola de reformas necesarias para garantizar un clima de seguridad jurídica que fomente la actividad económica en nuestro país.

Inamovilidad de los jueces en sus funciones

La inamovilidad absoluta de los jueces del tren judicial debe ser establecida claramente en la Constitución. Es importante destacar que este principio ha servido como base del desarrollo y la transformación de nuestro Sistema Judicial. Durante los últimos 10 años hemos visto como nuestro sistema judicial se ha fortificado, transparentado. Esto se ha logrado mayormente gracias a la independencia conferida a los jueces bajo el régimen de designación vigente. Intentar variar estos avances implicaría una contrarreforma que traería consecuencias negativas al desarrollo de nuestro sistema judicial.

Debe consagrarse constitucionalmente que los jueces no podrán ser removidos de sus funciones a menos que comentan faltas graves o hayan llegado a la edad de retiro prevista por la Ley de Carrera Judicial, lo que en ningún caso debe confundirse con vitalicia ni con la falta de evaluación periódica. Por el contrario la evaluación de los jueces, incluyendo los de la Suprema Corte de Justicia debe ser de rigor.

Ampliar las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura

Actualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene como única atribución el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En nuestra opinión, sus funciones deben ampliarse para incluir lo siguiente:

Nombrar los jueces de la Junta Central Electoral

Nombrar los jueces de la Cámara de Cuentas

Revisar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura

En este acápite, hemos querido hacer una reflexión sobre la actual composición del Consejo Nacional de la Magistratura de la República Dominicana, el cual está conformado por: el Presidente de la República (quien lo preside), el Presidente del Senado, un Senador del partido opositor al Presidente, el Presidente de la Cámara de Diputados, un Diputado del partido opositor al Presidente, presidente de la Suprema Corte de Justicia y un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia (secretario del Consejo).

Como podemos ver, cinco (5) de los siete (7) actuales miembros del CNM tienen claras afiliaciones políticas y responden a intereses partidarios. Por ende, la composición del CNM debe de ser modificada para reflejar posiciones más independientes. De esta manera, el CNM5 se independizaría de los intereses políticos teniendo más credibilidad ante el pueblo dominicano. En este sentido, acogemos la propuesta realizada en el año 2002 para la Reforma Constitucional, la cual establece en este punto lo siguiente:

“A la composición se agregan dos jueces presidentes de Cortes de Apelación, cuando elige jueces de la SCJ, JCE y Cámara de Cuentas. El procurador General de la República y tres Procuradores de C. de A. cuando se trata de elegir al Ministerio Público.”

Control de la constitucionalidad

Se debe crear una sala de Garantías Constitucionales en el seno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). No obstante, se debe conservar el sistema de control de la constitucionalidad admitido desde el 1997 por nuestra Suprema Corte de Justicia en el sentido de estar facultada para declarar la inconstitucionalidad de cualquier acto del poder público, en la forma de leyes, decretos, reglamentos, normas, resoluciones, entre otros.

Creación del Consejo General del Poder Judicial Estamos de acuerdo con la creación de un nuevo organismo de gobierno del Poder Judicial al que se traspasen tanto las atribuciones administrativas como la función de disciplina de los miembros del Poder Judicial, actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La Suprema Corte de Justicia actualmente tiene competencia para un sinnúmero de funciones, incluyendo jurisdiccionales, administrativas, disciplinarias y de dirección de la carrera judicial. Entendemos que esta multiplicidad de funciones es contraproducente para los fines de la independencia del Poder Judicial y la eficiencia de la SCJ. Entendemos necesaria la simplificación de las funciones de la SCJ para que se pueda concentrar en su objetivo principal, fallar los expedientes que cursan por ese tribunal y fijar líneas jurisprudenciales en temas de capital importancia para el país.

Este organismo deberá estar compuesto exclusivamente por jueces de diferentes instancias del Poder Judicial, siendo presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y su funcionamiento deberá ser normado por una ley orgánica a dictarse para tales fines.

C.3. LEGISLACIONES PENDIENTES

C.3.1 Clima de Inversión: Para Garantizar un clima de seguridad jurídica que fomente la actividad económica en nuestro país e implementar las regulaciones que actualicen el ordenamiento jurídico empresarial, como son los siguientes proyectos y anteproyectos, entre otros, que cambiarían contundentemente la forma de hacer negocios en nuestro país:

Proyecto de Ley de Sociedades Comerciales; Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial; y, Proyecto de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial.

C.3.2 Mejorar Marco Institucional: Necesitamos avanzar con las leyes pendientes en el Congreso que fortalecerían nuestro marco institucional y le brindarían mayor transparencia al sector público, como es Proyecto de Ley contra la Corrupción en la Administración Pública.

D) ASPECTOS DEMOGRÁFICOS:

Por largo tiempo y en distintos foros se ha debatido la apresurada fragmentación y atomización del territorio de la República Dominicana, que en la actualidad tiene 32 provincias. Es lamentable que este fuerte proceso de fraccionamiento del territorio por la elevación de categoría de numerosas Secciones Rurales, Distritos Municipales, Municipios y Provincias lo que ha promovido es la creación de jurisdicciones administrativas con escasa capacidad de autodesarrollo institucional y económico, así como de control efectivo en el manejo de los recursos que requiere una buena administración.

ANJE entiende que la organización territorial de un país debe buscar, entre otras cosas, una mayor eficiencia de la administración pública para facilitar la consecución de objetivos claros de desarrollo político, económico y social del país.

Una mala división territorial trae como consecuencia efectos muy negativos para el país, que afectan la planificación y ejecución de políticas para el desarrollo local, debilita las divisiones políticas actuales por la disminución de su población y reducción de los ingresos que perciben por las transferencias presupuestarias del Gobierno Central, y es un imperativo que implica mayor burocracia y se convierte en un medio para ampliar la oferta de cargos públicos, presionando así el gasto público destinado al pago de sueldos en detrimento del gasto social. Por ello se debe:

Revisar nuestra actual división territorial, realizándose los estudios técnicos para que este proceso se traduzca realmente en un fortalecimiento institucional y de la administración pública. Entender muy bien las características de nuestra población hacia el futuro7 y considerar las implicaciones de los procesos migratorios, de manera que podamos determinar las necesidades en términos de alimentación, educación, salud, vivienda, pensión e infraestructura. Elaborar una política migratoria ajustada a las necesidades de nuestro país.