El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, declaró que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene calidad como persona jurídica para querellarse contra el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, a quien acusan de abuso de confianza en el préstamo de 130 millones de dólares de la empresa Sun Land.

El magistrado Hiciano acogió el recurso de oposición presentado por el PRD en contra de una decisión del fiscal del Distrito Nacional que declaró inadmisible la querella presentada contra Bautista.

Hiciano adoptó la decisión pasada la una de la tarde de ayer y ordenó al Ministerio Público continuar la investigación sobre el caso.

La audiencia se celebró con la ausencia de Félix Bautista, Ramón Alburquerque, presidente del PRD y Orlado Jorge Mera, secretario general.

Los abogados del PRD, Rafael Mejía Guerrero y Carlos Despradel, calificaron de correcta la decisión, ya que la entidad política encarna intereses colectivos y difusos que afecten a la población, ya que tiene representación en el Congreso Nacional y el Código Procesal Penal faculta a las personas morales y otros entes a querellarse.

“Los 130 millones de dólares que se mantienen guardados en el fondo del mar bajo siete llaves hay que explicarle a la población dónde están, quién los manejó”, argumentó Despradel.

Uno de los abogados de Bautista, Nicolás Calderón, dijo que respetan la decisión, pero que entienden que la calidad del PRD era una discusión sin sentido y que ahora el caso volverá a manos del fiscal del Distrito Nacional, examine las pruebas aportadas por el PRD y determinará en su momento si tiene o no asidero. Advirtió que “esto es el primer round”.

El 14 de febrero de este año, el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, declaró inadmisible la querella presentada contra Bautista, alegando que el PRD no tiene calidad para actuar como querellante y que carece de la calidad de víctima. El 19 de febrero el PRD presentó el recurso de oposición a la decisión del fiscal.