El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmó que la falta de transparencia y de seguridad jurídica que caracterizan la gestión de gobierno del doctor Leonel Fernández le hacen un daño inestimable al buen nombre de la República Dominicana como destino de inversiones, y en sus relaciones con gobiernos amigos.

Miguel Vargas señaló que la ausencia de transparencia y la inseguridad jurídica afecta muy severamente al país, pues afecta las inversiones y eso quiere decir que genera desempleo, lesiona a nuestros productores y contribuye al deterioro institucional que tanto ha dañado al país en la gestión del candidato reeleccionista.

Vargas respondió una sesión de preguntas de periodistas tocando diversos temas, como el de la gran cantidad de subsidios anunciados por el presidente Fernández, respecto a lo cual expuso que eso demuestra que cunde la desesperación en el reeleccionismo, debido al creciente rechazo de la política oficial que se registra en la población.

Precisó que “ahora quieren resolver en días lo que no han sido capaces de resolver en más de siete años de gobierno del presidente reeleccionista”.

En otro tema sobre el que se pidió su opinión Vargas dijo esperar que la Junta Central Electoral (JCE) adopte las medidas pertinentes para evitar que el gobierno siga utilizando indiscriminadamente los recursos del Estado a favor de la reelección del presidente Leonel Fernández.

Observó que tanto el PRD como los demás partidos de oposición han denunciado esa perniciosa práctica, lo que ha sido confirmado también en el informe de la organización cívica no partidista Participación Ciudadana.

Recordó que particularmente el PRD entregó al tribunal de elecciones un legajo de documentos que prueban el uso y abuso de los recursos del Estado a favor de la campaña reeleccionista, lo que además fue confirmado por la propia JCE cuando advirtió que puede intervenir los medios de comunicación incautados a BANINTER para garantizar la equidad a los demás candidatos.

Vargas también reiteró que aunque no se debe perjudicar la salud del pueblo, el gobierno debe atender los reclamos de la clase médica, que son justos, sobre todo si se toman en cuenta que las diferencias salariales entre lo que devengan los profesionales de la salud, la educación, los militares y policías, la mayoría de los empleados públicos, son abismales con respecto a los altísimos sueldos de muchos funcionarios públicos, que disponen además de viáticos, dietas y otros beneficios.