El ocultamiento de información es uno de los pecados más graves que puede cometer una firma o persona en Wall Street. El banco de inversión Bear Stearns, cuyas oficinas principales se encuentran en la ciudad de Nueva York, ha estado ocultando información valiosa a sus clientes que invierten en títulos de deuda pública de la República Dominicana.

Ese hecho puede provocar que esos inversionistas tomen decisiones incorrectas que conduzcan a la pérdida de su capital, tal como sucedió con los dos fondos que administraba Bear Stearns y que colapsaron recientemente debido a la subestimación del riesgo financiero. Los analistas de Bear Stearns que cubren la República Dominicana no están suministrando a sus clientes toda la información sobre el caso SunLand. En ninguno de sus informes semanales sobre la deuda de América Latina -Emerging Markets Sovereign Journal Weekly- circulados por Bear Stearns a sus clientes se describe detalladamente la operación SunLand y sus consecuencias. En los citados informes no se señala que el Gobierno de Fernández emitió Notas Promisorias por 130 millones de dólares sin la aprobación del Congreso Nacional.

Tampoco les informa a sus clientes que la Constitución de la República Dominicana establece claramente que toda deuda pública debe ser autorizada por el Congreso Nacional. Mucho menos señala que los recursos obtenidos mediante la colocación de los Pagarés nunca fueron depositados en el Banco de Reservas ni en el Banco Central. Tampoco se hace eco de la denuncia de que ese dinero no se ha invertido en las obras previstas, sino que las mismas se están construyendo con recursos del Presupuesto del Gobierno Central. Mantiene silencio con relación a la penosa entrevista del Presidente Fernández, quien afirmó que los Pagarés no eran una obligación del Gobierno Central.

Tampoco se pregunta lo que todo el pueblo dominicano quiere saber: ¿dónde está el dinero de la emisión de los títulos financieros? Los analistas de Bear Stearns han ocultado las más recientes afirmaciones de Vicente Bengoa, Secretario de Hacienda, con relación al caso SunLand. El 6 de febrero de 2008 el Secretario de Hacienda afirmó que “el gobierno no va a saldar los Pagarés que emitió la SunLand con garantía del Estado.” Además, el funcionario señaló que Félix Bautista, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras Públicas, no estaba debidamente autorizado para firmar esas Notas Promisorias. Por ese motivo, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, los papeles que compraron los inversionistas son nulos y, en consecuencia, no pueden ser pagados por el Gobierno Central.

Las declaraciones de Vicente Bengoa reducen considerablemente la probabilidad de que los inversionistas reciban el pago por las Notas Promisorias que vencen entre marzo y julio de 2008. Por ese motivo, la firma calificadora de riesgos Standard & Poor’s colocó la deuda dominicana en observación negativa, lo cual hace prever una reducción de su calidad crediticia. En contraste, Bear Stearns trató de minimizar la opinión de Standard & Poor’s señalando que la misma era tardía y no reflejaba la actualidad del caso SunLand. En un documento que circuló Bear Stearns se sostiene que el evento de incumplimiento de las Notas Promisorias sólo ocurriría si la Suprema Corte de Justicia declara antes de julio –que es la fecha de pago del último de los documentos- que esos Pagarés son ilegales.

Además, Bear Stearns dice que, de acuerdo a su conocimiento de las instituciones públicas y por conversaciones con funcionarios públicos, la probabilidad de esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia es baja. “Nosotros creemos que la decisión de la Suprema Corte de Justicia será evacuada más allá de la fecha del último pago en julio, o que el gobierno encontrará la manera de pagar antes de vencimiento las obligaciones para evadir la posibilidad de una sentencia negativa”.

El párrafo anterior subestima el riesgo en que incurren todos aquellos involucrados en el caso Sun- Land. El endeudamiento ilegal en que se incurrió al colocar las Notas Promisorias -las cuales son nulas, unido a la desaparición del dinero y posterior repago de esos documentos a los inversionistas tipifica como caso de lavado de activos.

Bear Stearns no ha informado a sus clientes que la legislación dominicana establece que el Gobierno no puede realizar pago alguno sin que se haya generado una obligación legal. Todo pago sería equivalente a una extracción de recursos públicos de manera ilegal lo cual sería sancionable por la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves. Entre las infracciones graves tipificadas como lavado de activos se encuentra la estafa contra el Estado y el desfalco.

Esto significa que todo aquel que coopere o se involucre en una actividad que se traduzca en la desaparición de recursos gubernamentales es sujeto de ser sancionado por la citada legislación.

El caso de la SunLand no se cierra con el pago de las Notas Promisorias tal como insinúa Bear Stearns. Ese caso sólo se cerrará cuando aparezcan los 130 millones de dólares y sean sancionados todos aquellos involucrados con la desaparición de ese dinero, incluyendo a sus padrinos y protectores.

Jaime Aristy Escuder, reconocido economista dominicano. Director de investigaciones Fundación Economía y Desarrollo, Inc. Es parte del equipo económico del PRD.